Las semillas nativas de México son la base de los sistemas agroalimentarios tradicionales, como la milpa. Son herencia viva de los pueblos originarios, reservorios genéticos fundamentales para la autonomía alimentaria y símbolos culturales que siguen floreciendo gracias a quienes las siembran y resguardan. Sin embargo, estas semillas hoy se encuentran en el centro de una disputa territorial, jurídica y política que pone en riesgo su libre intercambio, su diversidad y su permanencia.
Durante siglos, las comunidades campesinas han defendido la agricultura milenaria que sostiene la vida comunitaria. Frente a ellas se impone un modelo agrícola de despojo: privatizador, transgénico, dependiente de corporaciones multinacionales y contrario a la soberanía alimentaria. Este modelo restringe el acceso y circulación de semillas, criminaliza prácticas ancestrales y amenaza la biodiversidad.
UPOV, LFVV y el riesgo de privatizar la vida
Maíces nativos colorados o rosados del estado de Guanajuato. Foto de Marcos Cortez.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), creada en 1961, permitió que países industrializados reconocieran propiedad intelectual sobre las variedades de semillas. Sus reformas posteriores (1972, 1978 y 1991) profundizaron la privatización y el control corporativo del mercado de semillas.
México se incorporó en 1997 al Acta UPOV 78 mediante compromisos del TLCAN, pero mantuvo una Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) que reconoce el derecho campesino al uso, intercambio y mejoramiento de sus semillas.
No obstante, el Acta UPOV 91—que patenta genes y variedades, prohíbe el uso libre de semillas y extiende derechos incluso sobre los productos derivados—ha sido impulsada en el marco del T-MEC y el TPP. Su aprobación pondría en manos de corporaciones transnacionales el control del mercado de semillas y limitaría severamente la diversidad genética del país.
La propuesta de reforma de la LFVV presentada en 2019 en la Cámara de Diputados se mantiene en dictamen. Su aprobación criminalizaría actividades tradicionales como guardar, intercambiar o compartir semillas, prácticas que han permitido la evolución y diversificación del maíz por miles de años.
UPOV 91 y los transgénicos: amenazas a la biodiversidad
Diversidad genética de variedades nativas de los estados de Tlaxcala y Morelos. Foto de Marcos Cortez.
La adhesión al Acta UPOV 91 abriría también la puerta al cultivo y liberación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en México. Aunque el país resiste desde 2013 gracias a la Demanda de Acción Colectiva, los transgénicos ya han contaminado semillas, tortillas, harinas y suelos en numerosos estados.
Investigaciones recientes detectaron maíz transgénico—mayoritariamente amarillo—en 82% de los productos de maíz evaluados, lo que confirma que la contaminación ya afecta a la alimentación diaria de la población.
Desde la década de 1990, América Latina ha sufrido la expansión de modelos agroindustriales basados en biotecnología, agrotóxicos y monocultivos impuestos por empresas como Bayer-Monsanto. Esta lógica, reforzada por instituciones internacionales y acuerdos comerciales, ha profundizado la dependencia campesina y la degradación ambiental.
La Demanda Colectiva: una década de resistencia jurídica
La Demanda de Acción Colectiva contra el maíz transgénico, presentada en 2013, ha frenado legalmente la siembra de OGM en México. Respaldada por organizaciones campesinas, científicas, indígenas y de consumidores, esta acción busca proteger el derecho humano a la diversidad biológica, la salud y la alimentación.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia ratificó la Medida Precautoria que mantiene suspendidos los permisos de liberación de maíz transgénico. A pesar de ello, las disputas legales continúan frente a empresas multinacionales que buscan revertir estas restricciones.
Venta, intercambio y circulación de semillas libres. Foto de Marco Cortez.
El decreto contra glifosato y transgénicos: un logro bajo ataque
El decreto del 31 de diciembre de 2020 estableció la eliminación progresiva del glifosato hacia 2024 y protegió la milpa, el maíz nativo y la salud de la población. No obstante, empresas como Bayer-Monsanto han interpuesto amparos para frenar su aplicación.
Aunque la sociedad civil, organizaciones campesinas y el gobierno han resistido, la batalla legal continúa y el futuro del maíz nativo sigue en disputa.